El borrador de Directrices de los Recursos Minerales da prioridad a esta industria sobre cualquier otro uso del territorio. ANSE denuncia que se favorece al sector minero frente a los intereses generales
El Gobierno regional apuesta claramente por la industria minera, una actividad económica que planea proteger e impulsar mediante una nueva normativa que tendría una vigencia de 25 años y que favorece la explotación de las canteras por encima de cualquier otro uso del territorio. Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de los Recursos Minerales de la Región, un borrador de trabajo al que ha tenido acceso ‘La Verdad’ y que se está analizando en diferentes departamentos de la Administración regional, identifican una superficie de casi 35.000 hectáreas con yacimientos susceptibles de ser aprovechados, aunque el documento no evalúa la demanda de los recursos mineros ni cuantifica las reservas.
El análisis de la cartografía incluida en las directrices mineras revela que 59 núcleos de población y 241 agrupaciones de viviendas quedarían a menos de dos kilómetros de explotaciones –la presencia de canteras a menos de 2.000 metros de lugares habitados se considera un factor restrictivo, pero no excluyente–. Además, los municipios que cuenten con yacimientos en su término municipal tendrán que adaptar sus planes de ordenación urbana, y los que no hayan aprobado aún la planificación urbanística deberán tener en cuenta la presencia de explotaciones mineras.
La Comunidad Autónoma apenas plantea restricciones a la actividad minera por motivos medioambientales: solo en el caso de que la actividad industrial afecte a un espacio natural protegido con rango de ley. Las directrices ponen en valor yacimientos situados en terrenos incluidos en la Red Natura 2000 y plantean la regularización de canteras ilegales, como las situadas en el Cabezo Negro (Zeneta, Murcia) y Lo Campano (Cartagena).
Los propietarios particulares también están a merced de la actividad minera, que se considera de interés general: la nueva normativa prevé la «privación de bienes mediante indemnización en caso de conflicto con intereses privados».
Las directrices mineras «invaden competencias que no les corresponden», a juicio de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), e incluso podrían vulnerar varias directivas comunitarias porque «fijan a priori el resultado de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental». También sostiene ANSE que con este documento se «favorece únicamente los beneficios privados del sector minero por encima del interés público», mientras que se deja en un segundo plano «la salud de las personas, la protección del medio ambiente, el paisaje, la ordenación municipal e incluso la propiedad privada». ANSE reclama a la Comunidad Autónoma un «documento de planificación sensato» que incida en el «aprovechamiento y valorización de residuos como materia prima y en la restauración de zonas afectadas por la minería».
A continuación, las líneas principales del borrador de directrices mineras:
34.435 hectáreas con recursos para explotar. Las directrices mineras identifican 34.435 hectáreas susceptibles de ser explotadas, principalmente en la comarca del Noroeste –y sobre todo en Cehegín y Caravaca de la Cruz–, Abanilla, Jumilla y Fuente Álamo. Únicamente se desechan los yacimientos en 3.223 hectáreas porque se trata de suelos de clase V y VI; es decir, donde la explotación minera es complicada técnicamente y causaría un gran impacto.
¿Se reabren las minas de Mazarrón? La Comunidad Autónoma incluye en el catálogo las minas de Mazarrón –zinc, plata y plomo–, lo que dejaría la puerta abierta a su posible reapertura casi siete décadas después de su cierre, y pese a la voluntad municipal de mantenerlas clausuradas. También la Sierra Minera de Cartagena aparece en la relación de yacimientos.
De interés público. El documento establece el «principio de protección pública del desarrollo económico del sector minero», lo que traslada a las administraciones la necesidad de «cooperar» en favor de la industria extractiva.
Expropiación forzosa. La disposición adicional undécima declara de «utilidad pública e interés social, a efectos de expropiación forzosa», el sector de la minería, lo que faculta a la Administración a indemnizar a un propietario por un determinado terreno donde colisionen el interés público y el privado.
Control ambiental «flexible y laxo». La normativa que prepara la Comunidad Autónoma consagra el interés minero por encima del medioambiental, salvo que la actividad extractiva perjudique a espacios naturales con rango de ley. Y establece una cierta manga ancha con las canteras: «Cuando en defensa de la economía nacional o regional se declare la prioridad pública de determinadas actividades extractivas, los deberes de preservación del medio ambiente y de restauración se han de exigir de manera flexible y laxa», advierte el texto legal.
Consejo Asesor de la Minería. De nueva creación y adscrito a la consejería con competencia en minas, estará integrado por miembros de la Administración –lo presidiría el consejero del ramo–, representantes de las organizaciones empresariales de la industria extractiva, sindicatos, organizaciones ecologistas, Federación de Municipios, colegios de ingenieros de minas e ingenieros técnicos de minas, UPCT, UMU, Instituto Geológico y Minero y «dos profesionales de relieve del sector minero, de libre nombramiento por la presidencia del Consejo Asesor».
Planes de urbanismo adaptados en un año. Los ayuntamientos tienen un año para adaptar sus Planes Generales de Ordenación Urbana a las directrices mineras, y los que no tengan planificación urbanística tienen que solicitar un informe de viabilidad, que será vinculante.
Fomento de la investigación. La Comunidad promoverá el desarrollo de la investigación científica y técnica en materia minera.
Ayudas económicas. Las directrices mineras incluyen una línea de incentivos económicos para las empresas mineras, dirigidas a «la mejora de las condiciones de trabajo, formación de trabajadores, aprovechamiento racional de los recursos, reducción del impacto sobre el medio y valorización de subproductos».
Restauración de espacios degradados. Los lugares degradados integrarán un banco de espacios afectados, en un plan de rehabilitación ambiental que podrán desarrollar empresas ajenas al sector minero.
Materias primas prioritarias. Barita, caolín, carbones, celestina, cinc, cobre, cuarzo, diatomitas y trípoli, estaño, feldespatos, fluorita, fosfatos, glauberita y thenardita, hierro, magnesita, manganeso, materiales arcillosos especiales, mercurio, metales preciosos, níquel, piritas, plomo, potasas, recursos geotérmicos, rocas ornamentales, talco, uranio, wolframio y wollastonita.
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Vivir a menos de dos kilómetros de una mina. De acuerdo con la cartografía contenida en el borrador de Directrices y Plan de Ordenación Territorial de los Recursos Minerales de la Región, 59 núcleos de población quedarían a menos de 2.000 metros de una posible explotación minera, entre ellos los cascos urbanos de Cartagena, Lorca, Mazarrón, Yecla, Caravaca de la Cruz, Calasparra, Totana, Blanca, Jumilla, Moratalla, Santomera y Puerto Lumbreras. Son los siguientes: Abarán, El Algar, Alumbres, Archivel, Ascoy, Azarbe El Campillo, Barinas, Barranda, Benablón, Blanca, Cañada de Canara, Cañada del Trigo, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Cieza, Coy, El Beal, El Cantón, El Estrecho de San Ginés, Hornico, Inazares, Javalí Nuevo, Jumilla, La Alquería, La Copa, La Isla, La Loma, La Paca, La Unión, La Urdienca, Laderas del Campillo, Las Peñicas, Las Terreras, Las Torres de Cotillas, Llano del Beal, Lorca, Los Odres, Los Olmos, Los Prados, Los Pulpites, Macisvenda, Mazarrón, Moratalla, Pliego, Pozo de la Higuera, Puerto Hondo, Puerto Lumbreras, Ribera de Abajo, Santa Lucía, Santomera, Tazona, Totana, Valentín, Yéchar, Yecla, Zarcilla de Ramos y Zarzadilla de Totana.
Recomendaciones sobre actividad minera en territorios incluidos en Red Natura 2000
en este enlace.
Fuente: La Verdad.es
Texto: Miguel Angel Ruiz
Imagenes: La Verdad, Fulsan, Metso.
Enviado: Ginés Lopez. Cartagena
Composición: Picapiedra
